TUTELA CONTRA CNSC - SENA
TuWeb
TUTELA CONTRA CNSC - SENA
 
TUTELA CONTRA CNSC - SENA

Bucaramanga, 25 de abril de 2011

Srs. Jueces del Circuito de Bucaramanga. (REPARTO).
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: ELBERT JULIÁN VILLARREAL FRANCO
ACCIONADAS: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. CNSC.

ELBERT JULIÁN VILLARREAL FRANCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.726.683 de Rionegro. S., domiciliado en Bucaramanga, actuando a nombre propio, con todo respeto presento ante su Despacho ACCIÓN DE TUTELA en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CNSC. Entidades que menoscaban mis derechos constitucionales fundamentales a LA IGUALDAD. AL TRABAJO. AL DEBIDO PROCESO. AL ACCESO A CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS consagrados en los artículo 13, 25, 29, 42 numeral 7 de la Constitución Política de 1991, respectivamente, con fundamento en los siguientes;

HECHOS

PRIMERO: Me inscribí en la convocatoria 001 de 2005 concurso de méritos público abierto realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

SEGUNDO: A través de la página web de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, se ofertaron los empleos para escogencia específica del cargo, por tal razón me inscribí para el empleo:

Entidad: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-
Grupo: Grupo I
Número del empleo: 44805
Código del empleo: 2020
Nivel: Profesional
Denominación: Profesional
Grado: 18
Dependencia: Meta - Despacho Dirección.

Lo anterior según consta en la constancia de registro de empleo especifico con el número de registro 20020601 y el Pin 013375926840 del día 12-08-2008.

TERCERO: Superadas todas las etapas del concurso, el día 21 de diciembre de 2009, La Comisión Nacional de Servicio Civil, profirió la Resolución No. 1575, por medio de la cual conformó las listas de elegibles para proveer empleos de carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- convocados a través de la convocatoria No. 01 de 2005.

El artículo 33 de la precitada resolución establece la lista de elegibles para proveer el empleo señalado con el No. 44805 para la convocatoria No. 001, de la entidad mencionada, en el cargo PROFESIONAL -2020-18, apareciendo mi nombre dentro de la lista en el puesto número 10 de 10 elegibles.

CUARTO: Debido a lo anterior el día 3 de febrero de 2011, dirigí un derecho de petición al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-, el cual me fue contestado dentro de los términos legales, según oficio No. 2-2011-003375 del 14/03/2011, suscrito por María Clemencia Angulo González, Coordinadora Grupo de Relaciones Laborales; indicándome que en la actualidad existen 20 cargos de Profesional grado 18 en toda la entidad, que se encuentran reportados ante la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, para ser provistos definitivamente a través de la convocatoria Nº. 001 de 2005. La misma respuesta cita el artículo 11 del acuerdo 150 de 2010 que establece que:

"Cuando una entidad requiera y solicite la provisión de una vacante y la CNSC verifique que dicho empleo cuenta con una lista de elegibles vigente producto de la convocatoria, la CNSC autorizará y realizará el cobro respectivo si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del presente Acuerdo. // La provisión de un empleo de carrera en vacancia definitiva mediante el uso de una lista de elegibles vigente, únicamente procederá cuando se agoten los tres primeros órdenes de provisión establecidos por el artículo 7° del Decreto 1227 de 2005, y se realizará en estricto orden de mérito con los elegibles que se encuentren en la lista."

Adicionalmente me informa que el día 30 de abril de 2010 mediante oficio 2-2010-007250, se le solicitó a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, la autorización para la provisión de empleos declarados desiertos mediante la utilización de listas de elegibles, e indicar a las personas a ser nombradas; igualmente que se le solicitó establecer el procedimiento para proveer con las mencionadas listas de elegibles los cargos que se encuentran vacantes y que no fueron reportados para su provisión dentro de la convocatoria 001 de 2005.

Luego, nos dice que ante estas solicitudes la CNSC el día 8 de septiembre de 2010, manifestó:

"Para lo pertinente y en relación a los empleos que fueron declarados desiertos... porque ninguno de los aspirantes superó la totalidad de las pruebas, le informo que esta Comisión Nacional se encuentra realizando los estudios técnicos que permiten la viabilidad en la utilización de listas de elegibles para garantizar la provisión definitiva de los empleos ofertados"

Después, nos dice, que el SENA, nuevamente, les solicitó, conforme lo establecido en el artículo 11 del acuerdo 150 de 2010 de la CNSC, la autorización para proveer, mediante el uso de las listas de elegibles, los empleos declarados desiertos en dos resoluciones de la CNSC.

Seguidamente me recomiendan que esté atento a la página web de la CNSC para poder ejercer el derecho de postulación establecido en el capítulo 3 del acuerdo 150 de 2010.

Hasta acá, la respuesta del SENA, en donde pareciera ser que ellos han estado atentos a proveer los cargos. Como se aprecia, el SENA le ha solicitado a la CNSC, reiterativamente, que establezca los procedimientos para proveer con las listas de elegibles los cargos que se encuentran vacantes, se les ha solicitado las debidas autorizaciones para la provisión de los empleos, pareciera que la negligencia fuera de la CNSC.

QUINTO. Debo informar al señor Juez, que este concurso se está llevando a cabo desde el año 2005, a la fecha, 6 años de espera, y lo más grave aún, en mi concepto, la lista de elegibles tiene una vigencia de (2) dos años, que empezó a contarse desde el 21 de diciembre de 2009, quedando solo 8 meses de los 24, en que debieron haber resuelto este asunto; creo que se han tomado todo el tiempo (16 meses) para algo tan elemental, quizá esperando que pierda vigencia y así frustrar aún más y perjudicar a quienes desde ese tiempo tuvimos a bien participar y pagar la inscripción, confiando en la seguridad institucional y el principio de confianza que debe proveer el Estado a sus ciudadanos, no entendemos como nos discriminan económicamente, emocionalmente y por supuesto laboralmente, por favorecer a quienes actualmente están ocupando estos cargos en provisionalidad y que no concursaron o que habiendo concursado no aprobaron las pruebas, que si pudimos superar, quienes recibimos el castigo inmerecido de la desidia y la posible omisión dolosa de una entidad como la CNSC; que nos está causando un gran daño no solo a quienes participamos sino a nuestras familias que dependen económicamente de nuestro trabajo.

SEXTO. El día 24 de marzo de 2011, le dirigí un derecho de petición a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en donde después de hacer una exposición de mi problemática personal, le solicito, mediante el escrito, el ejercicio del derecho de postulación establecido en el capítulo 3 del acuerdo 150 de 2010 de la CNSC., Se me informe la fecha en que se hará la audiencia para la escogencia de los respectivos cargos y otras preguntas, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna, superando el tiempo legal de respuesta, pues ya han pasado más de los 15 días hábiles establecidos en el C.C.A. Razón por la cual se me está violando otro derecho.

SEPTIMO. Hace algunos días, apareció en su página web, la circular número 002 de 2011 de la CNSC, que establece en su numeral 4, lo siguiente:

“Vale la pena recordar que los trámites administrativos a cargo de esta Comisión Nacional dentro del proceso de selección, van hasta la conformación y firmeza de las listas de elegibles, quedando a cargo de las entidades la responsabilidad de finalizar el proceso con el nombramiento en período de prueba, posesión y evaluación de dicho período.”

Ante esta situación de “ping pong” administrativo, en donde constantemente se tiran la pelota y cambian las reglas de juego con el fin de confundir a los usuarios por parte de “Servidores Públicos” y entidades del Estado de poca seriedad, al menos la CNSC, y continúan flagrantemente violando los derechos ciudadanos, queda cualquier persona desconcertada, pues no se sabe a dónde ni a quién recurrir, quedando como única alternativa la justicia y consecuentemente la acción de tutela que estoy interponiendo.

Debido a lo anterior oficié nuevamente al SENA, mediante un derecho de petición solicitando el ejercicio del derecho de postulación ante esa entidad, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna, agotándose los términos legales del C.C.A.

OCTAVO. Según lo dicho por el SENA, las vacantes a la fecha corresponden a 20 cargos, entonces, las vacantes si están disponibles pero las ocupan personas nombradas en provisionalidad que no hicieron parte del concurso y lo cual desconoce mis derechos adquiridos, por cuanto había una lista de elegibles y que de conformidad con lo dispuesto por la ley, lo procedente era efectuar los nombramientos de los cargos que inicialmente fueron convocados, teniendo presente la mencionada lista de elegibles conformada, en la Resolución No. 1575 de 2009, la cual está vigente, por lo anterior de conformidad con las condiciones del concurso público y abierto, dentro de la convocatoria No. 001 de 2005, tengo pleno derecho a ser nombrado en período de prueba en el cargo de carrera a que me he referido, derecho legalmente ganado. Creo que como consecuencia de lo anterior, no es procedente desconocer o limitar los derechos adquiridos y consolidados por mí, pues con la negativa o presunta omisión dolosa del nombramiento se me está afectado mi derecho al trabajo, el cual requiero de manera urgente porque no tengo un empleo que me permita cubrir a cabalidad mis necesidades y las de mi familia, entre ellos un menor. Los derechos de los cuales solicito el presente amparo son de orden CONSTITUCIONAL, no legal, por tanto tienen mayor relevancia. Por lo anterior, con todo respeto, solicito al Despacho que en aplicación de lo dispuesto tanto en la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia y efectuando un análisis de mi caso particular, en concreto, confirme la procedencia de la presente acción.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia de Tutela T-45366 MP. Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, haciendo referencia a la procedencia de la Acción de Tutela en el concurso de méritos adelantado por la Fiscalía General de la Nación, manifestó:

"No tiene duda la Sala de Decisión sobre la procedencia del amparo constitucional para enmendar el agravio inferido por la Fiscalía en contra del accionante FERNANDO FERNÁNDEZ CELEDÓN, porque si bien pudiera parecer que concurre una circunstancia adversa a la intervención del Juez constitucional, la que no es distinta a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial que eximiría a la Corte en sede de tutela de su estudio, no es menos cierto que la jurisprudencia constitucional tiene dicho que la existencia de un tal mecanismo de defensa judicial ha de ser examinado en cada caso en aras de determinar la plena eficacia de la protección; por lo que le resulta ineludible al juez constitucional un examen pausado del caso en particular, postura que entraña la consistencia propia de un Estado Social de Derecho como que no puede quedar el individuo inerme frente a la protección de sus derechos fundamentales por vía del mecanismo constitucional por la mera concurrencia de otro instrumento judicial, no obstante carezca de plena efectividad y por sobre todo de actualidad. (El destacado es mío)

Entonces, se impone afirmar que la Corte -como lo ha hecho en ocasiones anteriores- determinó la procedencia de la acción de tutela ante la inminencia de la vulneración de los derechos y la eficacia relativa que en un momento dado podría concurrir en el trámite contencioso administrativo al que se vería avocado indefectiblemente el actor-no el agotamiento de una petición del actor a la entidad demandada-.

Dado que en la presente ocasión y -al no advertirse circunstancia alguna que legitime el cambio de postura- le corresponde a la Corporación seguir el precedente judicial que ha venido aplicando en similar temática, apoyado a su vez en distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional que en esencia recogen planteamientos que se comparten ampliamente como los siguientes, a ellos se acude nuevamente:

"También, las mencionadas sentencias examinaron la procedencia de la tutela en los casos de desconocimiento de listas de elegibles, y, se consideró que a pesar de existir otros medios de defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en aras de preservar los derechos fundamentales de quienes integran las listas, y el término de un (1) año de vigencia de las mismas, la acción de tutela, según el caso concreto, puede ser procedente. Se observó al respecto:

Sentencia de Tutela Nº 077/05. Corte Constitucional. CONCURSO DE MERITOS. Nombramiento de quien obtuvo primer puesto. CARRERA JUDICIAL.

Nombramiento atendiendo lista de elegibles y en estricto orden de resultados.
La Sala encuentra que, a pesar de que sólo el candidato que encabeza el listado de elegibles puede ser designado en el cargo a proveer, la pluralidad del listado sigue garantizando los principios de eficiencia y eficacia del proceso de selección, pues en los eventos en los que no sea posible nombrar en propiedad al primero de la lista, o en los casos en los que existan dos o más vacantes para el mismo cargo, el ente nominador podrá proceder a nombrar al segundo, y así sucesivamente, sin tener que solicitar la conformación de un nuevo listado.

Sentencia SU-961 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Expediente No. T-229.103 y T-237.605.

La violación de derechos fundamentales cuando no se nombra al primero en la lista de elegibles
"Por ello, la Sala Plena debe insistir en la presente oportunidad, que es de unificación y corrección de jurisprudencia, en que, para no vulnerar la Constitución Política ni atropellar los derechos fundamentales de los aspirantes que concursan para desempeñar cargos dentro de la Rama Judicial, producida una vacante, el nominador está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles (resaltado fuera de texto), reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, también en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista del Consejo de la Judicatura". (Sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Posteriormente, también en Sentencia de unificación, la Corte dijo:
"La Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.), tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es, para todos los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales y violación de derechos fundamentales." (Sentencia SU-086 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
… El derecho consagrado en el artículo 13 de la Constitución es desconocido de manera abierta, muy específicamente en cuanto atañe a la igualdad de oportunidades, toda vez que se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado.(resaltado fuera de texto)
Como lo ha sostenido la doctrina constitucional, las personas que se encuentran en una misma situación deben ser tratadas de idéntica manera, al paso que las hipótesis diversas han de ser objeto de medidas y decisiones diferentes, acordes con los motivos que objetivamente correspondan a la diferencia. Con mayor razón, si en el caso específico una de ellas se encuentra en condiciones que la hacen merecedora, justificadamente y según la Constitución, de un trato adecuado a esa diferencia, resulta quebrantado su derecho a la igualdad si en la práctica no solamente se le niega tal trato sino que, pasando por encima del criterio jurídico que ordena preferirlo, se otorga el puesto que le correspondería a quien ha demostrado un nivel inferior en lo relativo a las calidades, aptitud y preparación que se comparan.
Es evidente que la igualdad de oportunidades exige que en materia de carrera, el ente nominador respete las condiciones en las cuales se llamó a concurso.
…3. La existencia de otros mecanismos de defensa judicial
Si bien en principio la Corte ha avalado que la existencia de otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción de tutela, la realidad formal de uno de estos mecanismos no implica por sí mismo que deba ser denegada. Al respecto, desde sus inicios esta Corporación ha dicho:
"Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibídem art. 2o.) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos.
Siendo esto así, es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente.
En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que «el otro medio de defensa judicial» a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela." (T-414/92 MP. Ciro Angarita)
En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral. En tal caso, la citada jurisprudencia, reiterada en múltiples ocasiones por la Corte, dijo lo siguiente:
…"Ha sido clara esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone en su conocimiento.
Ha sido constante la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa y clara vulneración de disposiciones constitucionales. La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos".
En concreto, con respecto a la acción electoral y a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala Plena de la Corte, en Sentencia de unificación de jurisprudencia, ha determinado que carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral, cuando no se atienda rigurosamente el orden de las listas de elegibles para proveer cargos en la rama judicial. En tal sentido, la misma sostuvo:
"Para los propósitos de hacer efectivos los enunciados derechos fundamentales de manera oportuna y cierta, y para asegurar la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución, no es la acción electoral - que puede intentarse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo - el medio judicial idóneo con efectividad suficiente para desplazar a la acción de tutela. Se trata, desde luego, de una acción pública que puede ser intentada por cualquier ciudadano, pero que no tiende a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria los derechos fundamentales de quienes han participado en el concurso.
Tampoco es idónea la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto difiere claramente del que arriba se expone.
También en reiterada jurisprudencia y acogiendo el mandato contenido en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la práctica, ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado1, la reelaboración de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que merece) y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo2 y con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de "acceder al desempeño de funciones y cargos públicos"3. (T-388/98 M.P. Fabio Morón. Resaltado fuera de texto)
… El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo (resaltado fuera de texto), apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole.
La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje (resaltado fuera de texto). A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado" (Sentencia SU-133 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández).
Tampoco puede esta Corte aceptar, sin contrariar su doctrina, que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho o la acción electoral sean mecanismos idóneos de defensa judicial. Como se dijo anteriormente, estas acciones no prestan una protección oportuna e integral de los derechos de los accionantes.
Otras sentencias que tratan de la misma materia son: Sentencia No. T-325/95 y la Sentencia de tutela T256 de 1995.

Conforme a lo anterior, con todo respeto solicito al Despacho, declarar la procedencia de la presente acción constitucional.

PETICIÓN

1. Ordenar a quien corresponda, Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC o el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para que en un plazo no superior a 48 horas, proceda a cumplir con lo establecido en el capítulo 3 del Acuerdo 150 de 2010, respecto de la implementación de los procedimientos administrativos específicos para el empleo señalado (No. 44805 de la convocatoria 001 de 2005. Profesional – 2020 - 18) para poder ejercer el derecho de postulación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Resolución 1575 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la CNSC en donde se establecen las listas de elegibles, publicando la ubicación geográfica de los 20 cargos a proveer.

2. Inmediatamente se concluya la escogencia de los cargos por ubicación geográfica y en el estricto orden de la lista de elegibles, se proceda al nombramiento en periodo de prueba del suscrito por parte del SENA, en un plazo no superior a las 48 horas, haciendo retroactivo los derechos laborales y económicos derivados y generados hasta la fecha desde el 21 de enero de 2010, originados de esta situación administrativa. Lo anterior debido a la demora en el proceso, pues no debieron haberse demorado más de un mes para proceder de conformidad como lo ordena la Ley.

3. Se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, para que se inicien las investigaciones, por los presuntos punibles de falta grave o gravísima por omisión en el ejercicio de las funciones, prevaricato por omisión con dolo, daño fiscal por omisión en el ejercicio de las funciones y la respectiva acción de repetición, a los servidores públicos (Comisionados) que resultaren responsables de las conductas descritas, que considero corruptas ya que violan el derecho a la moralidad administrativa, funcionarios que laboran en la Comisión Nacional del Servicio Civil.

FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES

En este orden de ideas, no se entiende como la CNSC, se haya tardado tanto en llamar a ocupar los cargos vacantes, máxime cuando consta que la entidad SENA, ha oficiado en varias ocasiones a la CNSC, para que proceda a proveer los respectivos cargos de la lista de elegibles indicando que existen 20 cargos de Profesional Grado 18 en toda la Entidad y que en la lista de elegibles aparecen solo 10 elegibles para este cargo, es decir quedarían faltando otros 10 elegibles de otro concurso, supongo, solo le correspondería a la CNSC convocar a los elegibles para la escogencia del lugar donde laboraran en estricto orden de ubicación en el listado, acto que no debiera durar más de 2 semanas, y que no lo han hecho en un período de 16 meses, no sabemos si por negligencia, omisión dolosa, o simple descuido administrativo, perjudicando notable y ostensiblemente a quienes nos sometimos a la tortuosa competencia para escoger a los mejores para ocupar los cargos, partiendo del hecho que si participamos en un concurso es porque necesitamos laborar como una forma de expresión de aplicación de conocimientos y experiencia en una entidad con el fin de contribuir conseguir los logros para los cuales ha sido establecida, desde luego con el ánimo de recibir, también un salario, como forma de mantener las mínimas comodidades a las cuales tenemos derecho junto con nuestras familias, y de los cuales hemos perdido, a la fecha, más de $50.000.000 CINCUENTA MILLONES DE PESOS, cada uno de quienes participamos y quedamos seleccionados en la lista de elegibles, suma en nada despreciable para nuestras escasas y sufridas finanzas personales, todo por la ineptitud de algunos servidores públicos que con su conducta y actuar atropellan los derechos y la dignidad de un grupo de personas, y que no se que hacen allí, pues definitivamente se ven que nunca han consultado y desconocen por completo los postulados y principios de la administración pública, tales como los elementos constitutivos de la Función Administrativa que habla de la eficiencia, celeridad, eficacia, economía y demás principios que han sido violados sistemáticamente por los responsables de la entidad CNSC, llegando incluso a rayar con violaciones al Código Penal, por aquello del dolo en la omisión del cumplimiento de sus funciones, delitos tipificados como de prevaricato por omisión, también en materia disciplinaria por no cumplir con las funciones encomendadas en los tiempos determinados, generando de paso algún grado de responsabilidad a los entes dirigidos por los daños causados a quienes nos han perjudicado, tanto morales como económicos.

Nótese claramente que, como todo acto administrativo, la resolución 1575/09, en su artículo final (67) nos define que la presente resolución rige a partir de su publicación, inédito que 16 meses después de expedida no haya empezado a regir, ni a cumplirse una vez ya publicada, como lo establece y ordena la misma.

Sr. Juez de Tutela, respecto de lo dicho, debo recurrir a lo expresado en el C.C.A.

Art. 2o. OBJETO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

Art. 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos,..

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios,…

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos…

Como es claro de apreciar no se está cumpliendo lo mandado por la ley, además de que están haciendo caso omiso al artículo 11 y 38 del acuerdo 150 de 2010 y el artículo 7 del decreto 1227 de 2005 ya transcritos anteriormente.

Pero si llegare a existir duda respecto de esta situación, nos remitimos a la abundante jurisprudencia de la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado ya citados también.

Considero que con este actuar se está dando una clara muestra de CORRUPCION ADMINISTRATIVA al interior de la institución. Pues es evidente la violación del derecho colectivo a la Moralidad Pública, consagrado en el Art. 4. Ley 472 de 1998, pues se está favoreciendo a unos, perjudicando a otros, no merecedores de esta discriminación, máxime cuando han concursado de acuerdo a lo establecido en las normas y la ley.

PRUEBAS

Como prueba de los hechos que fundamentan esta acción solicito, de manera respetuosa, al Señor Juez sean tenidas en cuenta las siguientes:

DOCUMENTALES:

- Fotocopia de la constancia de registro de empleo específico impresa el día 12 de agosto de 2008. (3 folios).
- Fotocopia de los apartes de la Res. 1575 de 2009, Expedida por la CNSC. (4 folios).
- Fotocopia del derecho de petición dirigido al SENA. 3/02/2011. (1 folio).
- Fotocopia de la respuesta del SENA al derecho de petición. (2 folios)
- Fotocopia del derecho de petición dirigido a la CNSC. 7/01/2011 (1 folio)
- Fotocopia del derecho de petición dirigido a la CNSC. 18/03/2011 (3 folios)
- Fotocopia del derecho de petición dirigido al SENA. 28/03/2011(1 folio)
Total folios. 15.
DERECHO

Como fundamento legal de la acción incoada, me permito citar al Honorable Despacho los artículos 1, 13, 29 y 40 Numeral 7 de la Constitución Política de 1.991. Numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Artículo 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

COMPETENCIA

Es Usted competente Señor Juez por la naturaleza constitucional del asunto, por tener jurisdicción en el lugar donde ocurrió la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales invocados conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991 y el Decreto 1382 de 2000.
JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos materia de esta acción, según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

ANEXOS

Anexo lo relacionado en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Calle 34 No. 23-42. Apto. 801. Bucaramanga.
Tel. 3123794729. Email: eljuvifa@hotmail.com

La Comisión Nacional del Servicio Civil en la Carrera 4 No. 75-49 de Bogotá D.C, Teléfono 325 97 00. Web: www.cnsc.gov.co

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Dirección General, Calle 57 No. 8-69, Bogotá D.C - PBX (57 1) 5461500. Web: www.sena.edu.co

Del señor Juez, cordialmente,

Elbert Julián Villarreal Franco
C.C. 5.726.683 de Rionegro. S.

RESPUESTA DEL SENA AL DERECHO DE PETICIÓN

imagen
imagen
FALLO DE TUTELA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MILCIADES RODRÍGUEZ QUINTERO

Bucaramanga, cinco (05) de mayo de dos mil once (2011)

ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: ELBERTH JULIÁN VILLAREAL FRANCO
ACCIONADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
EXPEDIENTE: 680012331000-2011-00270-00
REFERENCIA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede el Tribunal a decidir la acción de Tutela interpuesta por ELBERTH JULIÁN VILARREAL FRANCO, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, y al acceso a cargos y funciones públicas.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela la parte actora solicita textualmente:

"1. Ordenar a quien corresponda, Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC o el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para que en un plazo no superior a 48 horas, proceda a cumplir con lo establecido en el capítulo 3 del acuerdo 150 de 2010, respecto de la implementación de los procedimientos administrativos específicos para el empleo señalado (No. 44805 de la convocatoria 001 de 2005. Profesional - 2020-18) para poder ejercer el derecho postulación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Resolución 1575 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la CNSC en donde se establecen las listas de elegibles, publicando la ubicación geográfica de los 20 cargos a proveer.

2. Inmediatamente se concluya la escogencia de los cargos por ubicación geográfica y en el estricto orden de la lista de elegibles, se proceda al nombramiento en periodo de prueba del suscrito por parte del SENA, en un plazo no superior a 48 horas, haciendo retroactivo los derechos laborales y económicos derivados y generados hasta la fecha desde el 21 de enero de 2010, originados de esta situación administrativa. Lo anterior debido a la demora en el proceso, pues no debieron haberse demorado más de un mes para proceder de conformidad como lo ordena la Ley.

3. Se compulsen copias a la Procuraduría General de la nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, para que se inicien las investigaciones, por los presuntos punibles de falta grave o gravísima por omisión en el ejercicio de las funciones, prevaricato por omisión con dolo, daño fiscal por omisión en el ejercicio de las funciones y la respectiva acción de repetición, a los servicios públicos (comisionados) que resultaren responsables de las conductas descritas, que considero corruptas ya que violan el derecho a la moralidad administrativa, funcionarios que laboran en la Comisión Nacional del Servicio Civil"

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Señala la parte accionante que se inscribió en ¡la Convocatoria No. 001 de 2005 concurso de méritos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para concursar por el cargo de Profesional Código 2020 grado 18 y número del empleo 44805 del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena.

Expone que el día 21 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional de Servicio Civil, profirió resolución No 1575, por medio de la cual conformó las listas de elegibles para proveer empleos de carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, convocados a través de la convocatoria No 01 de 2005.

Manifiesta que el artículo 33 de la precitada resolución establece la lista de elegibles para proveer el empleo señalado con el No 44805 para la convocatoria No 001 de la entidad mencionada, en el cargo de profesional 2020-18, apareciendo su nombre en el número 10 de 10 elegibles.

Relata que debido a lo anterior, el día 3 de febrero de 2011 dirigió un derecho de petición al SENA, y en la contestación el Servicio Nacional de Aprendizaje indicó que en la actualidad existen 20 cargos de Profesional grado 18 en toda la entidad, que se encuentran reportados ante la comisión Nacional del Servicio Civil, para ser provistos definitivamente a través de la convocatoria No 001 de 2005, adicionalmente se informa que el día 30 de abril de 2010 el SENA le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la autorización para proveer, mediante el uso de las listas de elegibles, e indicar a las personas a ser nombradas, igualmente se solicitó establecer el procedimiento para proveer con las mencionadas lista de elegibles los cargos que se encuentran vacantes.

Relata que el concurso se está llevando a cabo desde el año 2005, a la fecha, 6 años de espera, y lo más grave aún, la lista de elegibles tiene una vigencia de (2) años, que empezó a contarse desde el 21 de diciembre de 2009, quedando solo 8 meses de los 24, en que debieron haber resuelto este asunto.

Manifiesta que el día 24 de marzo de 2011, dirigió un derecho de petición a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en donde solicitó el ejercicio del derecho de postulación establecido en el capítulo 3 del acuerdo 150 de 2010 de la CNSC entre otras preguntas, y hasta la fecha no ha obtenido
respuesta. |

Debido a lo anterior, formuló nuevamente derecho de petición al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, solicitando el ejercicio del derecho de postulación ante esa entidad,! y a la fecha no hay pronunciamiento alguno por parte de la entidad.

Finalmente agrega que le asiste pleno derecho; a ser nombrado en período de prueba en el cargo de carrera al que se refiere dentro de la presente acción.

II. TRAMITE PROCESAL

La solicitud de tutela fue radicada en la Oficina Judicial de Bucaramanga el día 25 de abril de 2011, siendo recibida en la Secretaría del Tribunal el día 26 de abril de 2011, y admitida por auto del mismo día (fl. 28-29), en el que se ordenó notificar a la entidad accionada Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se les requirió informar a esta Corporación sobre todos y cada uno de los aspectos relacionados en el escrito de tutela.

1. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES ACCIONANDAS

2. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

El escrito de contestación fue presentado ante !la Secretaría del Tribunal el día 3 de mayo de 2011, esto es fuera del término otorgado para tal fin, sin embargo y en aras de proteger el derecho de contradicción, esta Sala considera pertinente estudiar los planteamiento esbozados por la entidad accionada.

El Director Regional del SENA manifiesta que no es cierto que se haya vulnerado algún derecho de los que alega el Tutelante, o menos haber menguado o afectado bien jurídico alguno, puesto que la ley 909 de 2004, estableció claras competencias sobre quien le correspondía la realización de los Concursos y ello es a la CNSC y la única :obligación del SENA en los mismo es entregar los perfiles de los cargos vaciantes, esto es remitiendo las plazas vacantes a la CNSC, para que en virtud del mérito establezca las personas elegibles y luego informe al SENA quienes fueron los seleccionados para que se provean.

3. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

Pese a que se requirió a la entidad demandada para que rindiera informe sobre los hechos de la demanda (folios 32-33), no presentó contestación a la misma.

III. CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela, La acción de tutela es el mecanismo constitucional de que proveyó la Carta
Política de 1991 a las personas, para poder acudir ante los jueces a reclamar la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos se vean amenazados o vulnerados, públicas o de los particulares por la acción u omisión de las autoridades

Una de sus particulares características es la de ser un mecanismo residual para la protección de los derechos, es decir, que ella no suple a los mecanismos judiciales ordinarios, sino que entra a operar ante la inexistencia de estos, o cuando existiendo no se tornan en el medio eficaz para su defensa, ante la presencia de un perjuicio irremediable.

2. Caso concreto

En el caso sometido a consideración del Tribunal, el señor ELBERT JULIÁN VILLAREAL FRANCO, solicita se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, al acceso a cargos y funciones públicas, que en su sentir se han venido quebrantando por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA por no haber provisto las vacantes con la lista de elegibles de la Convocatoria 001 de 2005, para el cargo de Profesional código 2020 grado 18, pese a que fueron superadas todas las etapas del concurso y la existencia de la Resolución No 1575 por medió de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, conformó la lista de elegibles para proveer empleos de carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje, convocados a través de la convocatoria No 01 de 2005.

Previo a estudiar el asunto, procederá la Sala a considerar la procedencia de la presente acción.

Al respecto ha establecido la H. Corte Constitucional en diversa jurisprudencia que en asuntos relacionados con los concursos de méritos la acción de tutela por regla general, resulta improcedente, toda vez que por su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las acciones contencioso administrativas dispuestas preferentemente en el ordenamiento jurídico. De suerte que la existencia y disposición de otros medios de defensa judicial como escenarios pertinentes para ventilar los diversos litigios y desplegar ampliamente las garantías de orden procesal, permiten suponer que, al rompe, la acción de amparo constitucional se torna en un mecanismo impropio para decidir sobre tales pretensiones. (Sentencias T-1044 del 4 de diciembre de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-526 del 21 de mayo de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo j)

No obstante lo anterior, la H. Corte Constitucional manifestó que en caso de comprobarse que los medios ordinarios de defensa, no resultaren aptos, idóneos y eficaces para prodigar una protección inmediata a los derechos fundamentales presuntamente transgredidos o amenazados, "es evidente que, de manera excepcional, la acción de amparo constitucional se impone como el instrumento calificado y conveniente para salvaguardar las garantías constitucionales fundamentales". (Sentencia T-033 del 25 de enero de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.)

Al respecto, la H. Corporación ha expresado que:

"La acción de tutela, como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales cuando estos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, del orden subsidiario y residual, (Sentencias T-1277 del 6 de diciembre de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-771 del 13 de agosto de 2004. M.P. (E). Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras) lo que significa que su procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios idóneos de defensa al alcance de quien demanda. Sin embargo, puede ocurrir, y así lo ha dicho la Corte, que a pesar de contar los sujetos procesales con los medios ordinarios dentro del proceso para defender sus intereses concretos, ninguno de estos mecanismos actúe de manera [efectiva y eficiente. Es precisamente en dichos casos, que el juez de tutela debe hacer un examen razonable y ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio judicial alternativo. Este dinamismo judicial permite en un Estado Social de Derecho el cumplimiento de uno de sus fines, que es, el asegurar la vigencia de un orden justo, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política (Sentencia T-304 del 2 de mayo de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería).

Según el anterior planteamiento, debe aclararse que si bien en principio el presente asunto resultaría improcedente, esta Sala observa que de acudir el actor a un mecanismo ordinario de defensa, puede la acción ordinaria tomar un largo tiempo y no ser un mecanismo efectivo y eficaz de defensa, en razón a lo manifestado en el escrito de tutela, -referente a la vigencia de la lista de elegibles próxima a cumplirse-, surge la presente acción como el mecanismo idóneo para proteger los derechos citados.

Por otro lado, considera la Sala que no existe un acción idónea mediante la cual el actor pueda proteger sus derechos, o por lo menos no existe claridad de cuál sería ese mecanismo que le permitiría, en la hipótesis de la procedencia de una acción solicitar la aplicación de la lista de elegibles, pues no se está solicitando la nulidad de una resolución, ni mucho menos la inclusión o revisión del proceso de selección para proveer el empleo al cual se encuentra aspirando el señor VILLAREAL FRANCO, sino la aplicación de la lista de elegibles.

Ahora bien, al respecto la H. Corte Constitucional ha establecido que quienes se encuentren en lista de elegibles poseen un derecho adquirido que debe ser respetado.

Al respecto en la sentencia T 313/2002 Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra, se señaló:

"Una vez superadas las etapas del concurso, no resulta procedente introducir en el proceso de selección factores de evaluación distintos, y en consecuencia no es posible para el nominador exigir requisitos adicionales para efectos de tomar posesión del cargo, tales como lo sería la toma de un curso de capacitación. Esta Sala reitera que aquél ciudadano que se encuentre en la lista de elegibles para la provisión de empleos de carrera no cuenta con una mera expectativa, sino que ha adquirido un derecho que debe ser respetado. En este sentido, se encuentra plenamente probado dentro del expediente que la juez pretendía solicitar el requisito adicional de la toma de un curso por parte de la peticionaria para efectos de la posesión. Lo anterior, resulta a todas luces improcedente, toda vez que al haber superado las etapas del concurso se presume que se han seleccionados los más aptos para el cargo, así mismo una vez remitida la lista de elegibles la Juez tenía la obligación de proceder a la posesión sin más requisitos" (subrayas nuestras).

En relación con los concursos públicos de méritos, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es el mecanismo previsto por la Constitución Política para el acceso a la función pública, esto es, para que el Estado, en el marco de una actuación imparcial y objetiva, tenga en cuenta el mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Es decir, que evalúe las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, a fin ele escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, prescindiendo, por supuesto, de consideraciones subjetivas, inclinaciones o preferencias y, en general, de toda influencia, ya sea política, económica o de otra naturaleza. (Sentencia T 715/2009 Magistrado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Marleto expediente T-2.252.654)

Sobre el particular, explicó la H. Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-133 de 1998, que:

“La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado".

Así mismo, en otras ocasiones, ha hecho hincapié la H. Corte Constitucional en la importancia de garantizar el efecto práctico de los concursos de méritos, habida cuenta de que el propósito del constituyente no fue otro que el de implementar un sistema que garantizara los derechos de los ciudadanos que desean ingresar a la función pública en igualdad de condiciones, de forma tal que su vinculación dependa única y exclusivamente de sus cualidades intelectuales y psicotécnicas, cuya finalidad específica es determinar su inclusión en la lista de aspirantes, al igual que fijar su ubicación en la misma.

Ahora bien, al no contestar oportunamente el requerimiento del Juez de tutela, la Comisión Nacional del Servicio Civil se colocó en los supuestos del artículo 20 del Decreto No. 2591 de 1991, el cual señala que si el informe pedido por el Juez de tutela no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrá por ciertos los hechos.

Por tanto, en este caso obraría la presunción de veracidad de las afirmaciones del accionante.

Ahora, al haberse inscrito el actor en el concurso para ocupar el cargo de PROFESIONAL CÓDIGO 2020 GRADO 18 NUMERO 44805 del SENA, se sometió a las pautas que regulaban el desarrollo del mismo, las cuales estaban señaladas en la Convocatoria y que incluían taxativamente los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del cargo mencionado, los cuales cumplió y fue seleccionado para conformar la lista de elegibles para proveer el empleo señalado, encuentra la Sala que le asiste derecho al accionante a solicitar la protección de su derecho de postulación.

Sobre el número de vacantes existentes de dicho cargos, se tiene que existen 20 vacantes, pues así lo señaló el actor en su libelo demandatorio y tal la afirmación no fue negada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, ni mucho menos por la Comisión Nacional de Servicio Civil.

Por otra parte, el Director regional del SENA, manifiesta que la CNCS siendo el órgano competente por disposición legal para proveer los cargos vacantes, a través de la convocatoria, no ha informado al SENA que el Tutelante sea elegible en alguno de los cargos ofertados, por lo anterior, procederá esta Sala a ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas proceda a HACER EFECTIVA LA LISTA DE ELEGIBLES que fue conformada a través de la convocatoria No. 001 de 200J5 y publicada a través de la Resolución No. 1575 de 21 de diciembre de 2009, para cubrir lo empleos de carrera administrativa que se encuentran provistos mediante nombramiento provisional o encargo, en el cargo de PROFESIONAL 2020-18 para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, para lo cual deberá proceder a remitir la respectiva lista de elegibles a la autoridad nominadora del SENA, a fin de que proceda de conformidad.

Ahora bien, respecto a la solicitud del actor de hacer retroactivos los derechos laborales y económicos derivados y generados hasta la fecha desde el 21 de enero de 2010, la Sala considera que no son llamadas a prosperar toda vez que son meras expectativas del actor, respecto de una posible vinculación a un empleo de carrera pero en manera alguna pueda considerarse que constituyan un derecho adquirido susceptible de ser objeto de tutela por esta autoridad.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: CONCEDER al accionante ELBERT JULIÁN VILLAREAL FRANCO la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la posibilidad de acceder a cargos públicos, vulnerados por LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR, en consecuencia, a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a HACER EFECTIVA LA LISTA DE ELEGIBLES que fue conformada a través de la convocatoria No. 001 de 2005 y publicada a través de la Resolución No. 1575 del 21 de diciembre de 2009, para cubrir lo empleos de carrera administrativa que se encuentran provistos mediante nombramiento provisional o encargo, en el cargo de PROFESIONAL 2020-18 para el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, para lo cual deberá proceder a remitir la respectiva lista de elegibles a la autoridad nominadora del SENA, a fin de que proceda a realizar los nombramientos conforme a la respectiva lista, para proveer los empleos ocupados actualmente en provisionalidad con personal que superó el concurso de méritos para cargos de carrera.

TERCERO: DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia por el medio más expedito o en la forma señalada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnado, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aprobado en Acta de Sala No 11.

Firmado: Digna María Guerra Picón. Magistrada; Solange Blanco Villamizar. Magistrada; Rafael Gutiérrez Solano. Magistrado.
IMPUGNACIÓN DE LA TUTELA
Bucaramanga, 10 de mayo de 2011

Srs.
Tribunal Administrativo de Santander.
M.P. Milciades Rodríguez Quintero / Digna María Guerra Picón
Bucaramanga.

Ref.: Solicitud de Reposición/ Impugnación parcial del fallo y en subsidio apelación
Acción: Tutela
Accionante: Elbert Julián Villarreal Franco
Accionado: SENA - CNSC
Expediente: 680012331000-2011-00270-00.
Referencia: Sentencia de primera Instancia.

HECHOS

Comparto plenamente lo resuelto en el fallo en el primer, segundo, cuarto y quinto punto.

Respecto del tercer punto “DENIEGASE las demás pretensiones de la demanda”, debo hacer algunas observaciones:

El operador judicial fundamenta de manera exclusiva la denegación del tercer punto con el argumento de que “son meras expectativas” respecto de una posible vinculación a un empleo de carrera según la transcripción siguiente:

“Ahora bien, respecto a la solicitud del actor de hacer retroactivos los derechos laborales y económicos derivados y generados hasta la fecha desde el 21 de enero de 2010, la Sala considera que no son llamadas a prosperar toda vez que son meras expectativas del actor, respecto de una posible vinculación a un empleo de carrera pero en manera alguna pueda considerarse que constituyan un derecho adquirido susceptible de ser objeto de tutela por esta autoridad.”

Menciona el operador judicial al punto 2 en las CONSIDERACIONES, folio 7, cuarto párrafo lo siguiente:

“Ahora bien, al respecto la H. Corte constitucional ha establecido que quienes se encuentren en la lista de elegibles poseen un derecho adquirido que debe ser respetado.

Al respecto en la sentencia T 313/2002 Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra, se señaló:

“… Esta sala reitera que aquél ciudadano que se encuentre en la lista de elegibles para la provisión de empleos de carrera no cuenta con una mera expectativa, sino que ha adquirido un derecho que debe ser respetado…”

En la consideración anotada, creo que incurre en una contradicción manifiesta el fallador, pues por una parte nos dice que la vinculación es una mera expectativa del actor y que no puede considerarse que constituye un derecho adquirido, por otra parte, argumenta su decisión invocando la sentencia donde claramente manifiesta que quienes aparecen en la lista de elegibles (Acto Administrativo) poseen un derecho adquirido que debe ser respetado y que no es una mera expectativa, como lo sostiene el Juez de Tutela.

Lo anterior me lleva a dudar del sustento de la denegación de las pretensiones en cuanto a que se hicieran retroactivos los derechos laborales al 21 de enero de 2010, es decir con lo mismo que argumenta el operador judicial queda sin sustento o piso alguno la motivación de la denegación de la pretensión.

Sin embargo, debo reiterar que hice la solicitud, debido a que considero que habiendo sido un concurso, que se tomó más de 6 años en producir resultados, que habiendo salido la lista de elegibles el 21 de diciembre de 2009, debieron haber provisto los empleos en por lo menos un mes, es decir el 31 de enero de 2010, no hay justificación alguna, pues los servidores públicos se basan y deben cumplir los postulados constitucionales y legales, en especial los artículos 83, 84 y 209 de la Constitución Nacional, de la función administrativa que debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Creo, a mi modo de ver y entender que no se cumplió por parte de la CNSC y/o el SENA con estos principios y la coordinación de las actuaciones, si así se hubiera hecho no estaría pasando lo que sucede y no deberíamos haber interpuesto la tutela correspondiente.

Así mismo lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, Art. 2. Objeto de la actuación administrativa.

“Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.”

Art. 3. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, …
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, …
El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos …

Nuevamente reitero la negligencia y descuido en la aplicación de estas normas que pareciera que fuera letra muerta y hasta cierto punto aceptable por las numerosas excusas que puedan brindar, en cuanto no lesionaran intereses personales ni afectación de derechos, no como en este caso, que me privaron de haber empezado a laborar en el SENA, con la consecuencia de afectarme varios derechos e intereses entre ellos el económico que repercute de inmediato en otros, no solo míos sino de mi familia.

Debido a la negligencia y violación de la normatividad anotada, desde el 21 de diciembre de 2009 se perjudicó a quienes concursamos y resultamos los mejores para ocupar el cargo después de haber superado las pruebas, es decir el no cumplimiento de la MORAL ADMINISTRATIVA, y la negligencia, dolosa o no, ha perjudicado económica y moralmente a unos ciudadanos que nos sometemos al imperio de la ley en nuestro Estado Social de Derecho, resultando favorecidos otros que no han concursado y que quizás han llegado, ocupado y devengado, en estos cargos, lo que en justicia nos pertenecía, contraviniendo de plano la Norma Constitucional (Art. 2.) respecto del aseguramiento de un Orden Social Justo; personal favorecido, tal vez, por aquella mano invisible de la que habla el operador judicial, haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (folio 8, parr. 2), en donde indica que se debe, SIEMPRE, prescindir de consideraciones subjetivas, inclinaciones o preferencias y, en general de toda influencia, ya sea política, económica o de otra naturaleza.

La pregunta es ¿que se buscaba con no proceder a nombrar a las personas de la lista de elegibles? ¿Cómo han llegado a ocupar estos cargos estas personas que se encuentran en provisionalidad? ¿al pasar tanto tiempo, sin informar, sin convocar a los elegibles a los cargos, no se pudiera estar dando una conducta corrupta que buscara concluir los dos años de vigencia de la lista sin tomar decisiones para favorecer a otros?
Nuevamente como soporte de lo dicho debo recurrir a lo manifestado en el escrito de esta tutela, cuando el operador judicial cita textualmente la sentencia T 313/2002, del Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra:

“…toda vez que al haber superado las etapas del concurso se presume que se han seleccionados los más aptos para el cargo, así mismo una vez remitida la lista de elegibles la Juez tenía la obligación de proceder a la posesión sin más requisitos”

Es claro lo que quiso el constituyente, para bien o para mal, al implementar en la administración pública el acceso a los cargos a través de los concursos, así también lo han demostrado los legisladores al expedir las normas reglamentarias, no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que el espíritu normativo sea vituperado de esta forma por zancadillas y trapisondas, no del todo legales, que permitan frustrar tanto las expectativas del servicio público como de los mismos servidores, afectando EL PRINCIPIO DE CONFIANZA en el Estado, considero que debe de haber un escarmiento a esta conducta, pues resulta evidente que con estas artimañas se debe de haber perjudicado a muchos capaces que han sido seleccionados de la forma legal establecida, para favorecer a otros, quizá debido a influencias políticas o personales, en detrimento del patrimonio, del autoestima, de la moral y de la familia de los que creen el Estado Social de Derecho, que ustedes tiene la obligación de defender y velar por que no sea burlado como ha estado pasando en este caso concreto, considero que debe haber una sanción ejemplar y que son ustedes los llamados a ejemplarizar mediante su fallos de verdadera justicia, con la herramienta de la sanción pecuniaria para evitar estos adefesios administrativos, para la muestra un botón, ni siquiera se tomaron la molestia de responder, me refiero a la CNSC, considero un elemento más de análisis esta conducta desobligante y de desgreño administrativo, si definitivamente es muy difícil el manejo de estos cargos de dirección (Comisionados y Representantes legales) de la CNSC, y no son capaces de enfrentarlos ni de dirigirlos entonces, lo más obvio, es su renuncia, por decoro y dignidad, mientras tanto deben responder por sus actuaciones, acciones y omisiones que conllevan a estados de corrupción por favorecimientos pues es indudable que lo que algunos ganaron otros lo perdimos, e igualmente el Estado pues mantuvieron en su nomina personas que no han demostrado su idoneidad, al menos para el ingreso al servicio público.

PETICION

Creo que ha quedado claro mi argumento de justicia y por ende nuevamente solicito al conocedor de ésta impugnación y/o recurso, se modifique el punto tercero del fallo indicado, ordenando a la CNSC o a quien resultare responsable, (Servidores Públicos - Representantes Legales) indemnizar al perjudicado, para que me sean cancelados todos y cada uno de los derechos laborales adquiridos desde el 21 de enero de 2010, por no haberse producido el nombramiento en el SENA en el cargo anotado.
(Las negrillas, subrayados, cursiva y destacados son fuera de los textos originales)

PRUEBAS DOCUMENTALES

1.- Fallo de Tutela. Expediente 680012331000-2011-00270-00

NOTIFICACIONES

- El impugnante, reponente y/o apelante
Calle 34 23-42. Apto. 801. Bucaramanga. Tel. 3123794729
Email: eljuvifa@hotmail.com

- La Comisión Nacional del Servicio Civil. CNSC.
Carrera 4 Nº. 75-49 Bogotá. D.C. Tel. 3259700 www.cnsc.gov.co

- El Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA.
Dirección General. Calle 57 Nº. 8-69. Bogotá. D.C. - PBX (571) 5461500
www.sena.edu.co

Atentamente

Elbert Julián Villarreal Franco
C.C. 5.726.683 de Rionegro. S.
INCIDENTE DE DESACATO DE TUTELA
Bucaramanga, 10 de mayo de 2011

Srs.
Tribunal Administrativo de Santander.
M.P. Milciades Rodríguez Quintero / Digna María Guerra Picón
Bucaramanga.

Ref.: Solicitud de Reposición/ Impugnación parcial del fallo y en subsidio apelación
Acción: Tutela
Accionante: Elbert Julián Villarreal Franco
Accionado: SENA - CNSC
Expediente: 680012331000-2011-00270-00.
Referencia: Sentencia de primera Instancia.

HECHOS

Comparto plenamente lo resuelto en el fallo en el primer, segundo, cuarto y quinto punto.

Respecto del tercer punto “DENIEGASE las demás pretensiones de la demanda”, debo hacer algunas observaciones:

El operador judicial fundamenta de manera exclusiva la denegación del tercer punto con el argumento de que “son meras expectativas” respecto de una posible vinculación a un empleo de carrera según la transcripción siguiente:

“Ahora bien, respecto a la solicitud del actor de hacer retroactivos los derechos laborales y económicos derivados y generados hasta la fecha desde el 21 de enero de 2010, la Sala considera que no son llamadas a prosperar toda vez que son meras expectativas del actor, respecto de una posible vinculación a un empleo de carrera pero en manera alguna pueda considerarse que constituyan un derecho adquirido susceptible de ser objeto de tutela por esta autoridad.”

Menciona el operador judicial al punto 2 en las CONSIDERACIONES, folio 7, cuarto párrafo lo siguiente:

“Ahora bien, al respecto la H. Corte constitucional ha establecido que quienes se encuentren en la lista de elegibles poseen un derecho adquirido que debe ser respetado.

Al respecto en la sentencia T 313/2002 Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra, se señaló:

“… Esta sala reitera que aquél ciudadano que se encuentre en la lista de elegibles para la provisión de empleos de carrera no cuenta con una mera expectativa, sino que ha adquirido un derecho que debe ser respetado…”

En la consideración anotada, creo que incurre en una contradicción manifiesta el fallador, pues por una parte nos dice que la vinculación es una mera expectativa del actor y que no puede considerarse que constituye un derecho adquirido, por otra parte, argumenta su decisión invocando la sentencia donde claramente manifiesta que quienes aparecen en la lista de elegibles (Acto Administrativo) poseen un derecho adquirido que debe ser respetado y que no es una mera expectativa, como lo sostiene el Juez de Tutela.

Lo anterior me lleva a dudar del sustento de la denegación de las pretensiones en cuanto a que se hicieran retroactivos los derechos laborales al 21 de enero de 2010, es decir con lo mismo que argumenta el operador judicial queda sin sustento o piso alguno la motivación de la denegación de la pretensión.

Sin embargo, debo reiterar que hice la solicitud, debido a que considero que habiendo sido un concurso, que se tomó más de 6 años en producir resultados, que habiendo salido la lista de elegibles el 21 de diciembre de 2009, debieron haber provisto los empleos en por lo menos un mes, es decir el 31 de enero de 2010, no hay justificación alguna, pues los servidores públicos se basan y deben cumplir los postulados constitucionales y legales, en especial los artículos 83, 84 y 209 de la Constitución Nacional, de la función administrativa que debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Creo, a mi modo de ver y entender que no se cumplió por parte de la CNSC y/o el SENA con estos principios y la coordinación de las actuaciones, si así se hubiera hecho no estaría pasando lo que sucede y no deberíamos haber interpuesto la tutela correspondiente.

Así mismo lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, Art. 2. Objeto de la actuación administrativa.

“Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.”

Art. 3. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, …
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, …
El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos …

Nuevamente reitero la negligencia y descuido en la aplicación de estas normas que pareciera que fuera letra muerta y hasta cierto punto aceptable por las numerosas excusas que puedan brindar, en cuanto no lesionaran intereses personales ni afectación de derechos, no como en este caso, que me privaron de haber empezado a laborar en el SENA, con la consecuencia de afectarme varios derechos e intereses entre ellos el económico que repercute de inmediato en otros, no solo míos sino de mi familia.

Debido a la negligencia y violación de la normatividad anotada, desde el 21 de diciembre de 2009 se perjudicó a quienes concursamos y resultamos los mejores para ocupar el cargo después de haber superado las pruebas, es decir el no cumplimiento de la MORAL ADMINISTRATIVA, y la negligencia, dolosa o no, ha perjudicado económica y moralmente a unos ciudadanos que nos sometemos al imperio de la ley en nuestro Estado Social de Derecho, resultando favorecidos otros que no han concursado y que quizás han llegado, ocupado y devengado, en estos cargos, lo que en justicia nos pertenecía, contraviniendo de plano la Norma Constitucional (Art. 2.) respecto del aseguramiento de un Orden Social Justo; personal favorecido, tal vez, por aquella mano invisible de la que habla el operador judicial, haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (folio 8, parr. 2), en donde indica que se debe, SIEMPRE, prescindir de consideraciones subjetivas, inclinaciones o preferencias y, en general de toda influencia, ya sea política, económica o de otra naturaleza.

La pregunta es ¿que se buscaba con no proceder a nombrar a las personas de la lista de elegibles? ¿Cómo han llegado a ocupar estos cargos estas personas que se encuentran en provisionalidad? ¿al pasar tanto tiempo, sin informar, sin convocar a los elegibles a los cargos, no se pudiera estar dando una conducta corrupta que buscara concluir los dos años de vigencia de la lista sin tomar decisiones para favorecer a otros?
Nuevamente como soporte de lo dicho debo recurrir a lo manifestado en el escrito de esta tutela, cuando el operador judicial cita textualmente la sentencia T 313/2002, del Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra:

“…toda vez que al haber superado las etapas del concurso se presume que se han seleccionados los más aptos para el cargo, así mismo una vez remitida la lista de elegibles la Juez tenía la obligación de proceder a la posesión sin más requisitos”

Es claro lo que quiso el constituyente, para bien o para mal, al implementar en la administración pública el acceso a los cargos a través de los concursos, así también lo han demostrado los legisladores al expedir las normas reglamentarias, no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que el espíritu normativo sea vituperado de esta forma por zancadillas y trapisondas, no del todo legales, que permitan frustrar tanto las expectativas del servicio público como de los mismos servidores, afectando EL PRINCIPIO DE CONFIANZA en el Estado, considero que debe de haber un escarmiento a esta conducta, pues resulta evidente que con estas artimañas se debe de haber perjudicado a muchos capaces que han sido seleccionados de la forma legal establecida, para favorecer a otros, quizá debido a influencias políticas o personales, en detrimento del patrimonio, del autoestima, de la moral y de la familia de los que creen el Estado Social de Derecho, que ustedes tiene la obligación de defender y velar por que no sea burlado como ha estado pasando en este caso concreto, considero que debe haber una sanción ejemplar y que son ustedes los llamados a ejemplarizar mediante su fallos de verdadera justicia, con la herramienta de la sanción pecuniaria para evitar estos adefesios administrativos, para la muestra un botón, ni siquiera se tomaron la molestia de responder, me refiero a la CNSC, considero un elemento más de análisis esta conducta desobligante y de desgreño administrativo, si definitivamente es muy difícil el manejo de estos cargos de dirección (Comisionados y Representantes legales) de la CNSC, y no son capaces de enfrentarlos ni de dirigirlos entonces, lo más obvio, es su renuncia, por decoro y dignidad, mientras tanto deben responder por sus actuaciones, acciones y omisiones que conllevan a estados de corrupción por favorecimientos pues es indudable que lo que algunos ganaron otros lo perdimos, e igualmente el Estado pues mantuvieron en su nomina personas que no han demostrado su idoneidad, al menos para el ingreso al servicio público.

PETICION

Creo que ha quedado claro mi argumento de justicia y por ende nuevamente solicito al conocedor de ésta impugnación y/o recurso, se modifique el punto tercero del fallo indicado, ordenando a la CNSC o a quien resultare responsable, (Servidores Públicos - Representantes Legales) indemnizar al perjudicado, para que me sean cancelados todos y cada uno de los derechos laborales adquiridos desde el 21 de enero de 2010, por no haberse producido el nombramiento en el SENA en el cargo anotado.
(Las negrillas, subrayados, cursiva y destacados son fuera de los textos originales)

PRUEBAS DOCUMENTALES

1.- Fallo de Tutela. Expediente 680012331000-2011-00270-00

NOTIFICACIONES

- El impugnante, reponente y/o apelante
Calle 34 23-42. Apto. 801. Bucaramanga. Tel. 3123794729
Email: eljuvifa@hotmail.com

- La Comisión Nacional del Servicio Civil. CNSC.
Carrera 4 Nº. 75-49 Bogotá. D.C. Tel. 3259700 www.cnsc.gov.co

- El Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA.
Dirección General. Calle 57 Nº. 8-69. Bogotá. D.C. - PBX (571) 5461500
www.sena.edu.co

Atentamente

Elbert Julián Villarreal Franco
C.C. 5.726.683 de Rionegro. S.